El hijo del obrero a la universidad

A la hora en que escribimos estas líneas, multitud de estudiantes de secundaria y universidad estarán secundando la huelga a la que han sido convocados por el Sindicato de Estudiantes y la CEAPA (coordinadora de padres de alumnos de carácter progresista, más o menos vinculada al PSOE). Las manifestaciones, sin embargo, están siendo poco concurridas. Entre las reivindicaciones, más allá de la protesta contra los recortes, los convocantes destacan como su principal objetivo la supresión de la selectividad y por tanto, la supresión de las reválidas que el nuevo anteproyecto plantea. El eslogan que lanzan los dirigentes desde los megáfonos en las manifestaciones es "Ni tasas, ni selectividad; el hijo del obrero a la universidad."

En este artículo nos proponemos analizar someramente esta reivindicación con una mínima seriedad. Hay datos, que gusten más o menos a los dirigentes del Sindicato de Estudiantes, son tozudos y de ellos debemos partir al analizar el problema.

Según datos de la OCDE http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2009/09/09/659058/espana-mejora-porcentaje-titulados-universitarios.html y de otras fuentes:

http://www.publico.es/espana/224664/el-fracaso-universitario-cuesta-3-300-millones-al-ano

1- España es el país de Europa con mayor porcentaje de población en posesión de un  título universitario. El 29% de la población entre 24 y 64 años tiene un título universitario mientras que en el conjunto de la UE se llega tan solo al 24%. Estas cifras aumentan entre los jóvenes de 25 a 34 años y llegan en España al 39%; es decir, la LOGSE (y todos sabemos lo que eso significa) ha disparado las cifras de titulados universitarios en España.

2- España es el país con más parados entre los universitarios de la OCDE y donde la diferencia salarial entre un titulado universitario y una persona sin cualificar es menor.  

3- Un 30% de los 180.000 estudiantes que entran cada año a la universidad española se va sin completar los estudios a los dos años. Además, el 70% de los 1,4 millones de alumnos matriculados en todas las facultades dedica dos años más de los previstos a cursar sus estudios. 

4- El coste de un año escolar universitario para el estado es de 7000 euros anuales de media, por lo que el derroche anual supone unos 3.400 millones de euros.

5- España no tiene ni una sola universidad entre las mejores 250 del mundo.

No hace falta ser Einstein para darse cuenta de que todos estos datos tienen una relación entre sí. Es evidente que hay una enfermedad que es conveniente solucionar porque el paciente está sufriendo las consecuencias del sistema en forma de baja preparación, salarios bajos y paro. Y por si fuera poco, este desastre nos cuesta muy caro a los contribuyentes. 


Un obrero gana un salario mayor o menor en función de lo difícil o sencillo que es reproducir su fuerza de trabajo. Es decir, un neurocirujano que sea brillantísimo debe ganar más que un albañil pues reproducirlo cuesta a la sociedad mucho más que un peón de albañil. Esto es de una lógica aplastante. Por tanto, si un titulado universitario tiene una formación baja (y por ello es fácil de reproducir) su salario ha de ser obligatoriamente bajo.

Un título universitario tiene el valor que cueste obtenerlo. Cuando este valor (como ha ocurrido desde la implantación de la LOGSE) ha bajado, por lógica el salario que cobra el licenciado debe bajar.

Siguiendo la lógica económica, la ley de la oferta y la demanda determina que si hay un volumen desmesurado de licenciados universitarios como ocurre en España, es obvio que sus salarios serán más bajos porque el empleador tendrá menos problemas que en Alemania para encontrar, por ejemplo, un abogado. La demostración más efectiva de esto es la cantidad de universitarios que está en paro o trabaja por debajo de su cualificación.

Un título (y cualquier cosa en la vida) tiene valor en la medida en que es escaso. El agua es cara en los países en que escasea y es gratis donde abunda. Esto es de una evidencia tan palmaria que hasta un niño pequeño puede comprenderlo.

Por tanto, plantear que todo el mundo vaya a la universidad es un absoluto contrasentido cuyas consecuencias podemos ver ya hoy sin necesidad de llegar a tal extremo. Si hoy, con una tasa del 39% de titulados universitarios se ha llegado a esta triste situación que todos conocemos, ¿qué ocurriría si el 100% de los alumnos fuera a la universidad? ¿Qué valor tendrían sus títulos? ¿Quiénes harían las carreteras y las casas? ¿Todos seríamos universitarios? ¿Qué país puede funcionar sin trabajadores?

Por otro lado, no hay ninguna razón para que el estado (los impuestos que pagamos entre todos) sufrague los estudios de personas que al final no van a rendir a la sociedad (que es quien paga sus carreras). El dato aportado anteriormente habla por sí solo. ¿Esta nuestra sociedad en condiciones de tirar al mar cada año 3.400 millones de euros? ¿Por qué razón debemos hacerlo?  

         Sólo hay una forma de que España mejore la calidad de sus universidades. Restringiendo el acceso a las mismas de forma que solo los mejores puedan estudiar en ellas. Obviamente, y esto hay que recalcarlo, esta selección no debe hacerse por criterios económicos sino por criterios estrictamente académicos, mediante pruebas exigentes y objetivas.

         Como siempre, el igualitarismo imperante y el miedo actúa como un prejuicio evitando que muchas personas cobren conciencia del camino que conduce a la solución. 

         Pero hay algo mucho más inquietante. Para finalizar, una pregunta poco inocente quizá nos aclare todas las cuestiones: Si todos, España entera, perdemos tanto con una universidad sobredimensionada e inadaptada a la sociedad de la que se nutre. ¿Quiénes son los que ganan con esta situación? ¿Quiénes conforman la mano que mece la cuna de este mar sin fondo? ¿Quiénes viven, y muy bien, de este estado de cosas? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados de las manifestaciones de estudiantes?

Educación y separatismo

                Las declaraciones del ministro Wert manifestando la intención del Gobierno de españolizar a los alumnos catalanes han despertado una enorme polémica justo en el momento en que los movimientos separatistas en Cataluña y Vasconia están mostrando un cierto auge.  Días atrás, el ministro ya había dicho que el auge separatista en estas dos regiones tenía que ver con los contenidos educativos que en ellas se imparten.

                En realidad, las palabras del ministro respondían a otras de la consejera catalana de Educación en las que afirmaba que con el nuevo currículo "el ministro Wert pretendía españolizar a los alumnos catalanes". Para situarse mínimamente en el contexto, hay que señalar que el currículo catalán llama simplemente “Historia” a la asignatura que en el resto de nuestra nación se denomina “Historia de España” o que las sentencias del Tribunal Constitucional garantizando que en Cataluña los alumnos puedan escolarizarse en español nunca se han cumplido en aras de la llamada “inmersión” que no es otra cosa que la ejecución de una política abierta de diglosia (situación en la que el poder favorece una lengua en detrimento de otra). Convendremos en que cuando los separatistas llevan a la práctica este tipo de política educativa será por alguna razón, que probablemente tenga que ver con su ideario secesionista.

                El ministro aclaró en sede parlamentaria que para él españolizar implicaba que el alumno catalán acepte y valore su españolidad y su catalanidad de forma equilibrada y no como dos realidades disociadas. Si pensamos con frialdad sobre el contenido de la frase y no nos dejamos llevar por la campaña organizada en torno al Ministerio, convendremos en que cualquier español tiene que apoyarlas y estar de acuerdo con ellas, pues son palabras que alientan la unidad y la concordia, la búsqueda de lo que es común y el respeto también a la diferencia. ¿Quién no quiere que los catalanes se sientan españoles? Para quien desea que Cataluña siga formando parte de España (supongo que en este barco también están los socialistas), lo mejor es que esa convivencia se dé de la forma más grata y armónica posible. Y ¿qué mejor que emplear los años de formación de una persona para sentar las bases de la convivencia de las futuras generaciones?

                Sin embargo, estas palabras han despertado un coro de críticas que en lo fundamental responden a un mismo argumento. El ministro Wert muestra un ramalazo franquista y dictatorial al pretender que en Cataluña se defienda la identidad española. Es decir, defender la identidad nacional es propio de regímenes dictatoriales. La única nación con derecho a autodenominarse así (decimos autodenominarse así porque fuera de Cataluña nadie toma en serio sus aspiraciones) es Cataluña. España debe ser un estado plurinacional. Lo peor de todo es que debido a la constante campaña de victimismo separatista amplificada por su sistema educativo, hay españoles que admiten esta argumentación y que en su relación con los separatistas, rehenes de su sentimiento de culpa, identifican la idea de España con la dictadura o Franco.

                Nada de esto tiene una base real. Lo cierto es que el separatismo catalán es un producto decimonónico que siempre ha jugado a obtener contrapartidas económicas con la amenaza implícita o latente de la secesión. Lo cierto es que en Cataluña y según sus propias estadísticas oficiales, el español es la lengua más hablaba. Lo cierto es que el español es la lengua que todos los catalanes emplean para comunicarse con el resto de los españoles, también con los vascos, sí.

                Hay que acabar con los complejos. Y cuanto antes, mejor. Efectivamente España es una nación y por tanto, ser nacionalista español es defender la nación española. Precisamente porque la palabra nacionalismo proviene justamente de la palabra nación. Por tanto, resulta absurdo denominar nacionalista a quien lo que pretende es la separación de la nación. Serán (y así deben ser denominados) separatistas, pero nunca nacionalistas. Otros términos que se han empleado últimamente han sido soberanistas o independentistas, también con la intención de edulcorar y vender adecuadamente ante la opinión pública lo que no es, ni más ni menos, que el intento deliberado por romper la cohesión y convivencia nacional. Un intento, que de llevarse a la práctica, resultaría traumático desde el punto de vista económico y social. Esa es la realidad que encubren palabras tan sugestivas como soberanismo o independentismo.

Como todos sabemos, el primer sistema que sirve para organizar y dominar el mundo es el lenguaje. Y en este sentido, la ausencia de una conciencia nacional española ha conducido en las últimas décadas (debido a la falta de nivel intelectual en la izquierda española y al seguidismo acomplejado de la derecha) a una claudicación lingüística en todo lo referido al separatismo. En los años treinta, cualquier intelectual español como Unamuno, Machado o Valle Inclán (y de ahí la población en general) llamaría a las cosas por su nombre, que es la mejor forma de entenderse. Sin embargo, casi cien años después, la victoria separatista es de tal calibre que hasta los medios de la derecha aceptan con naturalidad decir palabras como Euskadi (vocablo inventado por Arana), ETA (sin determinante artículo como es usual en español) o nacionalista a un seguidor del PNV. Volvamos a los términos "Vasconia", "la ETA" y "separatista" y las cosas serán mucho más claras. Esas mismas personas son las que omiten decir la palabra España y español sustituyéndolas por circunloquios o vocablos como “estado” o “ciudadano”.

                Si se ha producido esta vergonzosa claudicación de nuestra sociedad (comandada por el progresismo) en lo referente al léxico, ¿qué decir de la aceptación de temarios y currículos que rechazan la idea de una España como nación común de todos los españoles? ¿Qué decir de la aceptación del término “nacional” para referirse tan solo a lo catalán?  

                Tras el lenguaje, la importancia del papel del sistema educativo como modelador de la conciencia de la población es fundamental. Y los separatistas lo saben bien. Precisamente por eso, porque saben de la importancia que tiene en su papel adoctrinador la educación, los separatistas reaccionan con agresividad cuando se les intenta limitar esas competencias pues ahora el Ministerio legislará sobre el 55% de los contenidos (10% más que antes). Y es que hasta ahora y durante los últimos treinta años, mientras los sucesivos gobiernos de España miraban hacia otro lado planteando con candidez que esas concesiones educativas (las llamadas competencias) no eran importantes, los separatistas se han aprovechado difundiendo una historia de Cataluña y un modelo lingüístico que busca abiertamente la separación de España. Lógicamente, tal y como dijo el ministro, esta política educativa buscaba un objetivo que ha cumplido: aumentar el apoyo a la secesión. Si un gobierno no tiene que salvaguardar la unidad de su nación, es que no entendemos nada de nada.

                ¿Acaso no es ya normal, sino necesario y sano, que el ministro de Educación de España recuerde por una vez en su vida que Cataluña forma parte de España y que se deben estimular la convivencia y la concordia nacionales? ¿Acaso no se está siendo muy tibio en la adopción de medidas para impulsar esa concordia de manera efectiva?

La nueva ley de educación I

El pasado 21 de setiembre, el ministro Wert presentó el anteproyecto de su nueva ley de educación, la séptima de la democracia. Docentes y alumnos nos veremos otra vez ante la tesitura, y ya han sido unas cuantas veces, de modificar nuestro currículo. Además, la reforma no parte del consenso como sería deseable y ya han surgido muchas voces, casi todas ellas desde la orilla progresista y comprehensiva, alertando de los riesgos de segregacionismo y desigualdad que esta ley presuntamente entraña. Como muestra podemos ver este artículo de un profesor de Sociología, quien, suponemos que envuelto en la quietud de su aula universitaria y desde la augusta tribuna de El País, nos explicaba a todos los enormes pecados contra el progresismo que la ley conlleva.

Pero el hecho de que no sea positivo cambiar constantemente de legislación o las opiniones contrarias a la misma no debe tampoco ofuscarnos ni ponernos en contra instintivamente de la nueva ley. Las cosas que funcionan mal deben ser cambiadas y creo que es evidente, para quienes nos dedicamos a esta profesión, que el sistema educativo actual tiene unos problemas bastante graves. Si esta ley sirve para solucionar algunos, bienvenida sea.

En sucesivas entregas, iremos analizando, aunque no de forma exhaustiva, algunos de sus planteamientos:
    Adelantamiento de los itinerarios de FP. Actualmente, la separación de alumnos se establece al finalizar la ESO, a los dieciséis años. La nueva ley se plantea adelantar esa decisión (y por ello, separar) a los quince años, al finalizar 3º de ESO. Resulta curioso que los sectores progresistas hayan puesto el grito en el cielo por adelantar tan solo un año esta decisión, cuando en la práctica, con los actuales itinerarios que se plantean en 4º, la inmensa mayoría de los centros ya separa a los alumnos en ese curso. Por aclarar estos conceptos a lectores que no estén familiarizados con la estructura de la ESO, lo cierto es que hoy los alumnos que van a ciclos profesionales o FP, al elegir sus optativas de 4º de ESO, ya esquivan voluntariamente las asignaturas que son más fuertes y optan por otras como Tecnología o informática que son más prácticas que teóricas y que les requieren menor esfuerzo de estudio. Los alumnos que van a Bachillerato, por el contrario, cursan Física y Química, por poner un ejemplo. Esta es la realidad que todos conocemos. En la práctica, lo único que hace la ley es convertir en una situación de derecho lo que ya ocurre de hecho. Por tanto, todo lo que se diga en torno a esto es pura demagogia que, desde luego, es posible en un profesor de Sociología que no tiene la menor idea de la realidad educativa de la secundaria.

En realidad, el debate de fondo que aquí se plantea es el de la comprehensividad y el igualitarismo. El autor del artículo de marras, desliza de forma constante que se quiere separar a los alumnos por ser diferentes. Pues sí, señor Feito, los alumnos, las personas en general y en particular, no son iguales. Los seres humanos tienen, por naturaleza, diferentes motivaciones e intereses que quieren llevar a la práctica en cuanto manifiestan su personalidad. Esto es evidente en cualquier faceta de la vida humana. Es evidente para cualquier profesor que hay alumnos que manifiestan su interés por enseñanzas prácticas y manuales y otros, que se orientan más hacia el aprendizaje abstracto. Es evidente que estar seis horas diarias sentado y concentrado no es plato agradable para algunas personas y que, quienes son más activos y poco sedentarios, se posicionan abiertamente en contra, violentamente en ocasiones, de quienes les obligan a ese sedentarismo reflexivo (por imperativo legal y social, los profesores). Esto es de una evidencia palmaria para cualquier persona que entre en una clase y tenga más ojos que prejuicios ideológicos. Y eso no se arregla forzando a esos alumnos activos y poco dados a las actividades sedentarias a aprender Latín o Física. La mera inclusión de ese tipo de alumnos en la clase genera mal ambiente y obliga al profesorado a iniciar una carrera descendente hasta encontrar el “nivel medio” de la clase. A esta aceptación borreguil del igualitarismo es a quien hay que achacar las frustraciones y el desánimo al que ha conducido la LOGSE a ya varias generaciones de españoles. Esta ley no ataja por lo sano el problema que generó la ley socialista de los ochenta, pero sí supone un tímido paso adelante, un parche en la herida, que desde luego es positivo.

    Realización de una reválida a finales de cada etapa. Esta idea es absolutamente positiva. Uno de los graves problemas que tiene nuestro sistema educativo es la ausencia de evaluaciones externas. El sistema, dominado por pedagogos y políticos, ha difundido en las últimas décadas una enorme falacia basada en los buenos resultados académicos de los alumnos. El sistema ha proyectado sobre la sociedad un gigantesco engaño social según el cual hemos conseguido la generación de españoles mejor preparada de la historia. Nadie se ha atrevido, ni el PSOE ni el PP, a cuestionar este estúpido axioma. Las razones hay que buscarlas, desde luego, en el electoralismo barato. ¿Quién se atreve a decirle a la población la verdad esperando a  cambio su voto? La realidad, sin embargo, es bien distinta. Todos sabemos que el valor de un título de ESO o de Bachillerato es mucho menor que hace veinte años. Todos sabemos cómo han descendido los niveles de conocimientos medios de un alumno de secundaria. La realidad que todos conocemos es que cualquier alumno, por poco que se esfuerce, acaba aprobando. Y la realidad es que mientras según las cifras internas que el propio sistema genera muestran que todo funciona de maravilla, en cuanto hay una prueba internacional, los resultados de España son deplorables. Cuando se dicen las cifras de fracaso escolar, estas deberían ser acompañadas de la explicación de que quienes suspenden son, en la mayoría de los casos, alumnos que abandonan la escolarización de forma anticipada. Esa es la realidad. Insisto, suspenden los que abandonan por su incapacidad de mantener un equilibrio emocional ante el sedentarismo y la reflexión. Fracasan los que no son capaces de soportar una cierta disciplina e integrarse en una sociedad de forma autónoma y responsable. Actualmente, el fracaso escolar no es una cuestión de inteligencia sino de socialización. El alumno bien educado, que respeta las normas cívicas elementales y entrega sus trabajos, acaba aprobando por la “bondad” de los equipos educativos y del profesorado en general, que han acabado convirtiendo su profesión en una especie de sacerdocio mal entendido. Los profesores más exigentes tienen que tener mucho cuidado al poner sus notas pues en ese ambiente generalizado de “todo vale” resulta muy difícil no encontrarse con el dedo acusador del director, la mirada indiferente de los compañeros o incluso con las reclamaciones de los padres. A fuerza de no querer buscarse problemas, las tasas de aprobados se han disparado en las últimas décadas.

     Es por ello por lo que una evaluación externa contribuirá a que el sistema se equilibre. Ya no valdrá el “yo me lo guiso, yo me lo como”, ni la vanagloria de algunos compañeros al comunicar en los claustros que “sus resultados han mejorado sensiblemente por el cambio de las metodología empleada por el departamento” (dicho en plata, porque han pasado la mano; es decir, han rebajado el listón de la exigencia). Trazando un paralelismo jocoso (hay que reírse por no llorar), la situación actual es como si fueran los propios cocineros quienes se incluyeran a sí mismos en la guía MIchelín. “Yo soy el mejor profesor porque apruebo más personas que nadie. Yo soy el mejor sistema educativo porque tengo la mayor tasa de aprobados de la historia en Selectividad. Es la generación mejor preparada de la historia”. Esa es la falacia que el sistema ha difundido al poderse evaluar a sí mismo sin injerencias externas. “Yo hago la mejor comida porque yo mismo lo digo”. Si eso fuera así, todos los cocineros del mundo estarían en la famosa guía. Y automáticamente la guía carecería de valor… Ahora, si las cosas cambian y se hacen unas pruebas verdaderamente exigentes (lo que pongo en duda), cada compañero tendrá que demostrar la validez de su magisterio basándose en lo que las pruebas externas dictaminen. ¿Imaginamos un sistema en el que nuestras condiciones salariales dependan en cierta medida de esos resultados? Si tal ocurre, eso obligará a una mejora del propio sistema pues los alumnos, conscientes de la importancia de las mismas, se esforzarán más en prepararlas y aprobarlas. Los efectos positivos no se quedarán ahí, pues los padres ya no buscarán a un profesor que apruebe a su hijo a toda costa (lo que se busca hoy) sino al profesional que mejor les prepare para el futuro, garantizándoles el mejor resultado en la prueba. El profesor ya no será evaluador, juez, de su propio trabajo; sino el preparador que apoya, obligado por la propia esencia del sistema, a su alumnado en el progreso.

3- 

     Imposibilidad de que los alumnos de los PCPI obtengan el título de ESO. Esta medida también es positiva pues lo que persigue es dignificar la ESO impidiendo que aquellos que abandonan los cursos de ESO, casi siempre y como ya dijimos, por razones de comportamiento y civismo, obtengan el mismo título que quienes se mantienen dentro del sistema demostrando su compromiso social. En la actualidad, dar ese título a los alumnos de PCPI tiene un innegable efecto llamada que hace que algunos alumnos de los 4ºs de ESO orientados a los mismos ciclos disminuyan su rendimiento o incluso pidan ser incluidos en los PCPI esperando obtener el mismo título que quienes cursan Física sin esforzarse lo más mínimo. Esa es la realidad. Y esta nueva medida obligará a los alumnos a esforzarse más, pues deberán mostrar un mínimo compromiso cívico para integrarse normalmente en la sociedad. En realidad, el debate social que aquí se plantea es ¿hasta qué punto debe la sociedad esforzarse por dar cobijo y paraguas a quienes la desprecian en sus comportamientos? Volvemos a encontrarnos aquí con una cuestión ideológica que en realidad enlaza con el mito del buen salvaje roussoniano. Es decir, tenemos a alumnos agresivos, conflictivos, que no respetan normas, ni a compañeros ni a profesores. El sistema los cobija en forma de programas de capacitación profesional para que ellos puedan vivir un par de años más sin más norma que su voluntad. ¿Hasta donde les seguimos en esa carrera? ¿Hasta darles un subsidio vitalicio? Por otro lado, y en relación con este mismo tema, no es cierto que carecer del título impida incorporarse al mundo laboral. Este tipo de alumnado ha salido de los centros sin titular, abandonando en 3º y hasta en 2º, y ha obtenido trabajo con enorme facilidad en la hostelería y la construcción. Esa es la realidad que todos hemos conocido cuando les veíamos los viernes acercarse a la verja del instituto pavoneándose con sus coches y sus radios a todo volumen, intentando atraer la atención de alguna incauta jovencita deslumbrada por el dinero fácil que entonces proliferaba en España. Como en todo lo demás, que vea quien tenga ojos y sea capaz de abandonar prejuicios  

En fin, dejamos el tema hoy aquí para proseguirlo en sucesivas entregas.