Una nueva disposición que entrará en vigor en enero no permite a los funcionarios faltar al trabajo en caso de enfermedad. Si tal situación se produce, se nos avisa de que se producirán severos descuentos en la nómina.
Es obvio que la finalidad que persigue el Gobierno al decretar esta medida es la lucha contra el absentismo laboral. Ellos piensan, y con mucha razón, que al cobrarnos por faltar al trabajo, las ausencias se van a reducir drásticamente con el consiguiente ahorro para las arcas del Estado.
Es cierto que en los centros escolares, desde siempre, hay unas altas tasas de absentismo. Todos conocemos casos aislados y no tan aislados de profesores (que no compañeros) que se aprovechan de su condición de funcionarios y de una legislación muy permisiva para faltar al trabajo cuando les parece oportuno. Falsas enfermedades, connivencias con médicos amigos o que simplemente hacen la vista gorda, han tenido como consecuencia que las tasas de absentismo en nuestra profesión hayan sido muy altas. Eso lo sufrimos todos. Primero como ciudadanos porque somos nosotros también al fin y al cabo quienes sostenemos el propio Estado con nuestros impuestos. Y en segundo lugar, como profesores, porque tenemos que cubrir a estos personajes en nuestras guardias. Había que acabar con esta situación vergonzosa y el Gobierno se ha propuesto hacerlo. Hasta ahí nada que objetar.
Efectivamente, a partir de ahora, cuando alguien sufra de indisposición o se encuentre enfermo, se pensará muy mucho faltar al instituto. Serán muchas las personas que sufriendo una gastroenteritis, una faringitis, una laringitis o una gripe ser verán obligadas a asistir al instituto. Con fiebres, toses o diarreas. El nuevo lugar de convalecencia será el propio lugar de trabajo. La medida ministerial de forma efectiva, ahorrando dinero, conducirá a que mucha gente que verdaderamente no estará en las mejores condiciones para dar clase, se obligue a sí misma a levantarse, conducir, impartir sus clases, asistir a sus guardias y reuniones y volver finalmente a su casa para descansar de su enfermedad.
¿Es correcto que esas situaciones se produzcan? ¿No supone eso una rebaja en la calidad de la enseñanza? ¿No es la faringitis una enfermedad profesional? ¿No puede incluso darse el caso de que un profesor contagie su enfermedad a los alumnos? Las respuestas a estas preguntas son tan obvias que no hace falta consignarlas aquí.
Entonces, ¿cuál es la solución? ¿consentir el despropósito actual o que paguen justos por pecadores? En mi opinión, se podía haber llegado a un sistema mixto. Nunca sería perfecto, pero sería más justo que el que el Gobierno ha articulado. Por un lado, que las ausencias que se deban finalmente a un proceso de baja médica no sean descontadas. Por otro lado, un sistema parecido al norteamericano, donde a partir de la décima ausencia anual, el profesor debe pagar 150 dólares por día de asuencia. Eso hace que tengan diez días de colchóin. Lógicamente, también hay allí (y aquí ya han seguido sus pasos) las aseguradoras que por una cuota anual nos cubren las posibles ausencias.
En todo caso, lo lamentable es que se haya recurrido a la solución más fácil: la que castiga a justos por pecadores.
miércoles, 7 de noviembre de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
4 comentarios:
Lo del absentismo laboral en nuestro país es mas que vergonzoso, no solo en la empresa publica, sino también en la privada, todo trabajador sabe que si va al medico tiene la baja laboral de tres días automáticamente concedida, ¿ porque ¿ , porque la seguridad social los primeros 3 días no los paga, que si el empresario, y el medico no tiene que dar explicaciones a nadie.
Por lo que me parece un tratamiento muy “Light” del tema. La medida tomada por el gobierno de ser así, me parece la correcta, y nada de “la mas fácil”, sino la mejor para solucionar el problema de raíz.
Saludos Cordiales.
Amén. No se puede decir otra cosa, quizá más alto, sin embargo, no con más nitidez. La gente honrada, los justos, de los cuales se hace alusión en este artículo pagan una vez más, y sabemos que esto ha sido muy recurrente en la historia del ser humano, las diversas complacencias que durante tantos años han sido permitidas y ahora salpican a todos por igual cuando no ha habido equilibrio en la acción anterior. No existen excepciones que confirmen la regla. Esto es lo verdaderamente dramático a día de hoy.
Eduardo, que se persiga a los sinvergüenzas, a esos absentistas que, curiosamente, suelen elegir los viernes o los lunes para ausentarse de su puesto de trabajo. A aquellos que, además, tienen la cara dura de inventar, pactando con un médico amigo, enfermedades propias y de familiares para obtener comisiones de servicio. Que suelen hacerse los despistados en las guardias.Que no hacen exámenes para no tener que corregirlos. O que se pasan todo el santo día charlando en la sala de profesores sin hacer nada. A por esos funcionarios hay que ir. ¿Para qué están los inspectores de educación entonces? ¿Para obligarnos a aprobar a un porcentaje determinado de alumnos aunque no se lo merezcan? ¿O para asegurar que los funcionarios docentes trabajen con profesionalidad? Lo de descontarnos dinero por estar enfermos es muy grave. Si perdemos este derecho ya, apaga y vámonos.
Gracias a todos por vuestros comentarios. A anónimo le insistiría en que creo que hay soluciones imaginativas mejores que la aplicada y vuelvo a citar el caso americano, que me parece mejor.
Sergio: Efectivamente se trata de un mal propio de la humanidad. Yo creo que la cuestión es arbitrar mecanismos que palíen ese problema. En este sentido me parece interesante la opción que plantea José y es que sean los inspectores quienes vigilen estos desmanes. Pero tendría que ser con la ayuda del propio centro porque no puede haber un inspector vigilando en cada centro. Yo creo que quien debería vigilar esta situación es el jefe de estudios, pues es su función. Debería tener él mismo (como jefe de personal que es) la potestad de elevar a la administración los comportamientos inadecuados para que con la legislación en la mano, se descontase el dinero. El problema, yo creo, es que la Administración no se fía de que los jefes de estudios vayan a ser diligentes y duros en esta tarea y prefiere dictaminar una medida que le evita tener que controlar quien realmente finge y quien no. Como vemos, es un problema de difícil solución... Puestos a elegir y si no aparecen otras ideas, prefiero el sistema americano.
Publicar un comentario