Nuestro sistema (I): Un sistema educativo público.

En nuestra opinión el sistema educativo debe ser público. El Estado debe garantizar el derecho de los jóvenes a formarse para convertirse en ciudadanos. Este sistema público garantiza la igualdad de oportunidades permitiendo la imprescindible permeabilidad social de forma que alumnos de las capas humildes puedan, mediante su talento y esfuerzo, alcanzar posiciones sociales más elevadas. Esto no es sólo un deseo más o menos filantrópico, sino que consideramos que esto es un bien social pues permitirá que los mejores, y no los más pudientes, puedan alcanzar posiciones decisivas en la sociedad contribuyendo así a la mejora del propio sistema.

Si la educación fuera privada y no existieran centros públicos, la sociedad estaría delegando una de las funciones sociales más importantes, decisiva como sabemos, en entidades religiosas, políticas o económicas cuya finalidad central no es solamente la formación aséptica de ciudadanos de pleno derecho, sino la formación moral desde sus valores religiosos o políticos propios cuando no el puro beneficio económico.

En este sentido, creemos que el derecho a la educación debe ser sostenido y ejercido básicamente por el Estado de la misma forma que es el Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado y no las empresas privadas de seguridad quienes tienen la obligación de velar por la defensa e integridad de la nación y sus ciudadanos.

Por otro lado, el Estado debe velar por la educación pública de forma que todo español conozca y domine en su caso una serie de destrezas, competencias y conocimientos que le permitan ser un individuo de provecho y colaborar en la empresa social común.

Finalmente, la educación pública sirve para garantizar efectivamente la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos de España. Es decir, en nuestra concepción, que iremos desarrollando en sucesivas entregas, la educación pública debe ser igual en todos los centros del Estado independientemente de la autonomía o barrio en el que estos se ubiquen. Ni las diferencias sociales ni los proyectos separatistas deben limitar el derecho inalienable a la igualdad de todos los ciudadanos de una nación; en este caso de los españoles.

Esto no quiere decir que se prohíba el derecho de quienes así lo deseen a crear, mantener o educarse en centros privados orientados por principio religiosos y/o morales de diferente tipo; sino que el Estado debe centrar su esfuerzo básicamente en el sostenimiento de una red de enseñanza pública de calidad para todos.

Por tanto, en nuestra opinión, los centros privados deben existir si así lo desean libremente quienes los creen y sufraguen, pero no ser sostenidos con fondos públicos. El dinero de los contribuyentes debe ser dirigido por la sociedad hacia el sostenimiento de los centros públicos única y exclusivamente.

A esto podremos oponer, por lógica, la situación actual de España, donde como sabemos, desde tiempos inmemoriales, instituciones privadas de todo tipo (fundamentalmente religiosas pero también de carácter liberal como la ILE y los centros que de alguna manera han desarrollado su herencia) han creado y ofertado a la sociedad centros educativos privados. Es un error en este sentido centrar la mira en la Iglesia católica. También, aunque en menor medida, desde posiciones laicas y liberales, cuando no abiertamente izquierdistas, se han creado colegios privados. Ante esta gran cantidad de alumnos que acuden a la privada, ¿cómo afectaría esta medida al sistema?

Ante esto hay que contestar varias cuestiones.

En primer lugar, que lo que estamos planteando es un proyecto ideal de sistema educativo. En sucesivas entregas se darán casos similares y también intentaremos explicar que es lo que consideramos correcto de forma ideal para luego acercarnos con propuestas reales a ese deseo ideal.

En segundo lugar, conviene recordar que en España ya hay hoy una red sólida de centros privados que se sostienen única y exclusivamente con las aportaciones de sus clientes. Luego lo que planteamos no es algo desconocido. Planteamos, eso sí, el fin de los conciertos.

Efectivamente, esto supondría una gran pérdida de alumnos cuyos padres no podrían o no querrían costear las cuotas que, sin oxígeno público, aumentarían de forma decisiva pues recordemos que es el Estado quien paga a esos profesores. Eso conllevaría a su vez el despido de miles de profesores. Esto debería ser tratado (como ocurrió en el pasado) con medidas que favoreciesen su incorporación a la enseñanza pública en el concurso-oposición.

Pero tendría enormes ventajas para los centros públicos pues estos recibirían a decenas de alumnos que sí quieren estudiar y que esperan del sistema educativo sea una palanca para su progreso social. La huida de alumnos al sistema concertado no ha sido consecuencia de su mayor calidad educativa sino la forma más sencilla y barata que han encontrado los padres de evitar que sus hijos tuviesen que compartir aula y costumbres con alumnos de comportamiento antisocial. La incapacidad del Estado para garantizar la disciplina y el orden en las clases es quien ha determinado la huida de estos alumnos. Así pues, una vez producida esta reabsorción de alumnos sería función del Estado velar porque ese derecho a la educación se produjera de forma efectiva. Esto quiere decir que es preciso hablar de disciplina. Y a eso consagraremos nuestra pŕoxima entrada.