El
título de esta entrada ya es provocativo en sí mismo. Y es que el
tema es decisivo y a todos nos duele, porque unos hemos aprobado con
un sistema, otros con otro diferente y otros aún quedan por obtener
la plaza. Como se ha visto en el debate que generó la entrada
anterior aquí y en otros foros digitales, es ésta una cuestión que afecta a
nuestra vida de forma directa, pro lo que acaba siendo un tema
controvertido y apasionante. Y además, al resultar tan complejo, es
normal que haya visiones divergentes y hasta enfrentadas.
Yo,
por mi parte, daré mi humilde opinión como una contribución a un
debate en el que debería escucharse a muchas personas (básicamente
profesores, claro) de diferentes especialidades, pues como hemos
visto en entradas anteriores en los comentarios que se han
introducido, es obvio que cada especialidad es distinta. Sin embargo,
deberíamos también dar una serie de ideas generales que permitan
homogeneizar el proceso.
Lo
primero que debo aclarar es el punto de vista desde el que realizaré
mis aportaciones. Es común en España, seguramente por nuestra
tradición cultural y religiosa, trazar planes cuyas intenciones, en la etérea
idealidad resultan perfectos, sin pensar en su aplicación práctica por lo que luego en la práctica fracasan al no partir de la realidad nacional y de la propia idiosincrasia de
los españoles. Esto es aplicable desde la Ley de desamortización de
Mendizábal hasta la LOGSE. Yo no haré eso, sino que procuraré
trazar las líneas generales de un sistema que sea lo más realista
posible, adaptado a la idiosincrasia del español.
Y
mi respuesta es que creo que sí, que puede haber unas oposiciones
justas si corregimos diferentes aspectos que hoy son incorrectos.
Para ello deberemos partir de los medios que hoy nos permiten las
nuevas tecnologías y de la idiosincrasia de los propios españoles.
Y en el peor de los casos, si no lo consiguiésemos, al menos mejoraremos un sistema que
teniendo en cuenta sus enormes deficiencias (incluyendo injusticias,
aleatoriedad y enchufismos de todo tipo) es fácilmente mejorable.
Puestas
así las cosas, lo primero que hay que indicar es que en las
oposiciones influye el número de plazas que se convocan. Así pues,
tanto sindicatos como administración deberían pactar para que no se
diesen nunca procesos de regularización masivos y que la oferta de plazas
fuera siempre estable, acorde con las jubilaciones. Eso permitiría
que el cuerpo docente fuera más homogéneo porque no tiene nada que
ver una oposición de 2000 plazas con una de 50. Si hay 6000
aspirantes y mil plazas, la selección es de un aprobado cada seis
aspirantes. Si hay cincuenta plazas es de uno por cada 120. La
calidad resultante no puede ser similar. Y es necesario que el
sistema garantice la homogeneidad de sus profesores de igual forma
que la de sus médicos o ingenieros. Al final, todos se van a
enfrentar a problemas parecidos y van a cobrar lo mismo. Eso a su vez exigiría la imposibilidad de que las listas de interinos sean cerradas, para que ninguno acabe considerándose dueño de hecho de su plaza. Sobre este tema controvertido también nos extenderemos en otra ocasión.
Y
ya entrando en la naturaleza de la propia prueba, creo que en la
prueba deberían tratarse los siguientes elementos:
A-
La meritocracia.El
sistema debe elegir a los mejores.
B-
La igualdad de origen entre los candidatos y la objetividad de la
prueba.
C-
Dominio de las cuestiones teóricas relativas a la especialidad por
la que se opta.
D-
Dominio de las cuestiones pŕacticas relativas a la especialidad.
E-
Dominio de la capacidad para ejercer la docencia de forma eficaz.
Como
cada uno de ellos tiene su enjundia, lo mejor será parcelarlos para
tratarlos más detenidamente. Y ahora una pregunta para todos:
¿creéis que debería incluirse alguna cuestión más en el modelo
de acceso?
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