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martes, 5 de marzo de 2013

¿Se puede obtener el título de Secundaria con cinco suspensas en España?

Pues sí, se puede. España es diferente, amigos. Esa impresionante capacidad la ha mostrado un alumno de Bormujos, que en el IES Los Álamos ha conseguido tamaña hazaña. Es increíble las cosas que pueden conseguir las generaciones mejor preparadas de la historia en el mejor sistema educativo de la historia. No teman, señores votantes; no teman, jovencitos escasamente ilustrados: papá Estado nos da un título gratis a costa de devaluarlo para todos los demás y para la sociedad en su conjunto. Esto es España y su sistema educativo. Creo que en la Sexta el Follonero tiene tema y además es más barato viajar a Sevilla que a Helsinki... ¿se atreverá? Apostamos a que no.

Noticia en Abc de Sevilla

martes, 26 de febrero de 2013

¿Es justo que haya que saber catalán o euskera para presentarse a las oposiciones?


Pues creemos que no. Directamente. Y eso a pesar de que como sabemos, en varias comunidades de este secular y sufrido reino que es España, es requisito previo para presentarse a una plaza demostrar el dominio de la lengua que un sector de la población habla allí. Esto en nuestra opinión es incorrecto. Esta cuestión que hoy planteamos tiene en nuestra opinión poco que argumentar. Obviamente, lo que hay detrás de nuestro planteamiento es una cuestión política. Todos estaremos de acuerdo en que los ciudadanos de cualquier nación deben ser iguales ante la ley. Y las propias bases de las leyes establecen que las oposiciones del Estado deber regirse por el criterio de igualdad. Es evidente que esta no es la situación en España, pues como sabemos, hay comunidades en las que el castellano parlante (que no lo olvidemos, es la lengua común de la nación y un privilegio para todos quienes la dominan tal y como es hoy el mundo) está en desventaja con los catalanoparlantes. En las provincias vascas, en las convocatorias de oposiciones, tiene cinco veces más valor el dominio del euskera que el expediente académico del futuro médico. ¿Acaso creen que la lengua vasca tiene palabras mágicas que curan por si mismas a los pacientes? En Cataluña, es imposible presentarse a las oposiciones sin saber catalán. Sin embargo, un catalán sí puede presentarse a las oposiciones en Andalucía.
Hay varias razones que arguyen los defensores de las lenguas minoritarias y son dignas de atención. Algunos dicen que los habitantes que hablan catalán tienen el derecho a recibir la educación en su lengua materna. Es una lástima que esos mismos nieguen ese derecho a los hablantes de español en una zona más de España como es Cataluña. Hay que aclarar que se podría obligar a los profesores que aprobasen a realizar un curso de catalán o euskera posterior a obtener la plaza.


Además, en nuestra opinión, el hecho de que los profesores y habitantes de unas zonas de España vayan a otras es bueno, pues supone un flujo cultural positivo y la garantía del crecimiento nacional pues las experiencias positivas y vitales de unos ciudadanos nacidos en un sitio influyen en otras comunidades como si fueran vasos comunicantes. En fin, también hay mil razones que apoyan que los profesores también viajemos por todo el territorio nacional.


Finalmente hay una razón fundamental. Y es el derecho. Los derechos que nos asisten como ciudadanos. Y cuando colisionan dos derechos, debe predominar el más general y básico. Y este es obviamente, la igualdad de los españoles ante la ley. Y eso incluye también a los opositores que deben ser iguales en cualquier territorio ante la prueba a la que se presentan.




viernes, 22 de febrero de 2013

¿Cuánto vale la cabellera de un docente? Agresión a una profesora en Barbate (Cádiz)

Creíamos que el Oeste empezaba en Oklahoma, pero no, comienza en Barbate. También aquí los salvajes concentran su agresividad contra las cabelleras.

Sí. De nuevo se ha producido una terrible agresión en un instituto español. En este caso ha sido en Barbate (Cádiz). Si atendemos a los hechos que muestra el video, el alumno era plenamente consciente de sus actos y decidió que tras ser recriminado por la profesora (pues esataba en el pasillo cuando su obligación era estar dentro del aula), lo mejor que podía hacer era quemarle el pelo a la docente.



La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, esa ejemplar institución que vela porque la educación de calidad sea una realidad en su arcádico territorio, se ha apresurado a decir que la difusión del video es dañina pues menoscaba "la vida privada de los alumnos, de la comunidad educativa y de la propia profesora". Es increíble. Después de hacer una reglamentación que impide que un alumno así sea expulsado más de un mes, después de insistir una y otra vez en que las agresiones a los docentes son casos aislados, después de negar amparo moral a los profesores, ahora se atreven con este comunicado. ¿No será que les molesta la difusión de los hechos por lo que supone de muestra real de la situación que encubren los insitutos gestionados por dicha consejería? ¿Qué hay detrás de la palabrería de la calidad?

 Tal y como informa El Mundo, la consejería ha reiterado su condena a los hechos, subrayando que es un suceso "aislado", aunque no por ello "menos condenable" porque "afortunadamente gozamos de un buen nivel de convivencia en nuestros centros educativos".

Noticia en El Mundo

Todos los actos de violencia contados de forma aislada son casos aislados. Todos. Los atentados terroristas y los asesinatos domésticos también. Pero cuando una consejería decide tratar la violencia escolar como "casos aislados" está minusvalorando el problema, desamparando a las víctimas y aislando de hecho a las víctimas. Declarar que es un caso aislado supone afirmar que no hay un caldo de cultivo social en el que estas agresiones se producen (auspiciado por la prropia política educativa) sino que se trata de un hecho puntual que puede estar incluso causado por un erróneo comportamiento de la víctima. ¿Tendría la consejera las mismas palabras para referirse a un caso de violencia doméstica?

Un alumno quema con un mechero el pelo de su profesora y seguramente no será severamente castigado. El alumno ya se ha arrepentido. Ya ha pronunciado las palabras mágicas que no sé si servirán para consolar a la profesora (que desde ese día no ha vuelto al trabajo), pero que de seguro motivarán que las autoridades vean en ellas una razón para la condescendencia. Todo sea por la reinserción. Difícil va  a ser el papel de la Jefatura de Estudios y de la Dirección de este centro para intentar contentar a la docente agredida (su compañera al fin y al cabo) y a la política lasa de las autoridades... Veremos en qué queda todo pero ahora caben unas cuantas reflexiones...  ¿Cuánto vale la cabellera de cada uno de nosostros? ¿Hasta cuando se va a seguir manteniendo una reglamentación que no defiende a la sociedad de los antisociales? ¿Hasta cuando los profesores van a seguir enfrentándose individualmente contra la escoria?

jueves, 21 de febrero de 2013

Las oposiciones y la calidad de la enseñanza. ¿Puede haber unas oposiciones justas? (2)

Analizaremos hoy más por extenso el primer aspecto que habíamos trazado en la entrada anterior.
A- La meritocracia.


El objetivo de cualquier sistema ha de ser la búsqueda de la calidad en cada uno de los niveles. Y esa calidad no surge de abajo arriba, es decir, de los alumnos hacia los profesores, sino obviamente al revés. En muchas ocasiones se alaba la tendencia a la excelencia que existe en el sistema finlandés, pero ¿cuánto de ello se debe al proceso durísimo de selección del profesorado? Sólo los mejores licenciados alcanzan el ansiado puesto de profesor.


Fomentar la calidad entre los alumnos parte por tanto de la búsqueda de la calidad entre los profesores. Eso quiere decir que los elementos a tener en cuenta en las oposiciones deben ser las calificaciones obtenidas en el proceso de oposición y no otros como puedan ser la antigüedad en el puesto a desempeñar o las calificaciones de la carrera. Es el proceso de oposiciones quien tiene que establecer las diferencias entre unos opositores y otros y no elementos externos que el tribunal no controla de forma directa.


La antigüedad no es sinónimo de calidad. No es seguro que una persona por llevar muchos años en un puesto de trabajo, y menos en el de profesor, haya alcanzado la excelencia. Todos sabemos que eso no es una garantía. Eso tampoco quiere decir lo contrario, claro; esto es, que un interino con muchos años de antigüedad sea un mal profesor. No se puede establecer correlaciones directas en este sentido. Pero lo que es evidente es que si el examen es justo, la antigüedad bien aprovechada del buen proferor se manifestará directamente en el proceso de oposiciones. Más en concreto, si al profesor se le plantea como prueba la realización o diseño de una actividad en un período de tiempo determinado (imaginemos, diseñar una actividad extraescolar en relación con un tema dado) la experiencia debe manifestarse al diseñar la actividad, pero no impide que un gran profesor sin experiencia pueda brillar también. Y eso es lo que le interesa al sistema, diferenciar a los mejores.


Por lo que se refiere a las notas de la carrera, todos sabemos que no es lo mismo obtener una calificación en una universidad que en otra, incluso con un profesor que con otro, de la misma forma en que no puntúa de igual forma un tribunal que otro. Por tanto, no es justo que el opositor que ha “sufrido” profesores más exigentes parta en desventaja con otros opositores. Todos los opositores deben partir con la misma posición de salida. Es el diseño del examen quien tiene que distinguir a los mejores.


Finalmente, los cursos son el factor que debería ser desechado con mayor claridad.Todos sabemos que en muchas ocasiones, estos cursos son irrelevantes.


En síntesis, creo que lo mejor para los alumnos, para el sistema en su conjunto es que exista un proceso de selección que discrimine y premie a los mejores a partir de su diseño.

jueves, 14 de febrero de 2013

¿Puede haber unas oposiciones justas? 1


El título de esta entrada ya es provocativo en sí mismo. Y es que el tema es decisivo y a todos nos duele, porque unos hemos aprobado con un sistema, otros con otro diferente y otros aún quedan por obtener la plaza. Como se ha visto en el debate que generó la entrada anterior aquí y en otros foros digitales, es ésta una cuestión que afecta a nuestra vida de forma directa, pro lo que acaba siendo un tema controvertido y apasionante. Y además, al resultar tan complejo, es normal que haya visiones divergentes y hasta enfrentadas.

Yo, por mi parte, daré mi humilde opinión como una contribución a un debate en el que debería escucharse a muchas personas (básicamente profesores, claro) de diferentes especialidades, pues como hemos visto en entradas anteriores en los comentarios que se han introducido, es obvio que cada especialidad es distinta. Sin embargo, deberíamos también dar una serie de ideas generales que permitan homogeneizar el proceso.

Lo primero que debo aclarar es el punto de vista desde el que realizaré mis aportaciones. Es común en España, seguramente por nuestra tradición cultural y religiosa, trazar planes cuyas intenciones, en la etérea idealidad resultan perfectos, sin pensar en su aplicación práctica por lo que luego en la práctica fracasan al no partir de la realidad nacional y de la propia idiosincrasia de los españoles. Esto es aplicable desde la Ley de desamortización de Mendizábal hasta la LOGSE. Yo no haré eso, sino que procuraré trazar las líneas generales de un sistema que sea lo más realista posible, adaptado a la idiosincrasia del español.

Y mi respuesta es que creo que sí, que puede haber unas oposiciones justas si corregimos diferentes aspectos que hoy son incorrectos. Para ello deberemos partir de los medios que hoy nos permiten las nuevas tecnologías y de la idiosincrasia de los propios españoles. Y en el peor de los casos, si no lo consiguiésemos, al menos mejoraremos un sistema que teniendo en cuenta sus enormes deficiencias (incluyendo injusticias, aleatoriedad y enchufismos de todo tipo) es fácilmente mejorable.

Puestas así las cosas, lo primero que hay que indicar es que en las oposiciones influye el número de plazas que se convocan. Así pues, tanto sindicatos como administración deberían pactar para que no se diesen nunca procesos de regularización masivos y que la oferta de plazas fuera siempre estable, acorde con las jubilaciones. Eso permitiría que el cuerpo docente fuera más homogéneo porque no tiene nada que ver una oposición de 2000 plazas con una de 50. Si hay 6000 aspirantes y mil plazas, la selección es de un aprobado cada seis aspirantes. Si hay cincuenta plazas es de uno por cada 120. La calidad resultante no puede ser similar. Y es necesario que el sistema garantice la homogeneidad de sus profesores de igual forma que la de sus médicos o ingenieros. Al final, todos se van a enfrentar a problemas parecidos y van a cobrar lo mismo. Eso a su vez exigiría la imposibilidad de que las listas de interinos sean cerradas, para que ninguno acabe considerándose dueño de hecho de su plaza. Sobre este tema controvertido también nos extenderemos en otra ocasión.

Y ya entrando en la naturaleza de la propia prueba, creo que en la prueba deberían tratarse los siguientes elementos:

A- La meritocracia.El sistema debe elegir a los mejores.
B- La igualdad de origen entre los candidatos y la objetividad de la prueba.
C- Dominio de las cuestiones teóricas relativas a la especialidad por la que se opta.
D- Dominio de las cuestiones pŕacticas relativas a la especialidad.
E- Dominio de la capacidad para ejercer la docencia de forma eficaz.

Como cada uno de ellos tiene su enjundia, lo mejor será parcelarlos para tratarlos más detenidamente. Y ahora una pregunta para todos: ¿creéis que debería incluirse alguna cuestión más en el modelo de acceso?


jueves, 7 de febrero de 2013

¿Cómo es posible que sean mejores los opositores que los funcionarios? (Respuesta a José)


Un comentario de José en una entrada anterior nos ha animado a hacer esta nueva. Decíamos entonces que el objetivo del sistema educativo debe ser la búsqueda de la calidad y que en eso tenían mucho que ver la calidad del profesorado. Nos extendíamos afirmando que no era lo mismo ser funcionario que interino. José se quejaba de que muchos funcionarios eran menos capaces que mucha gente que no había sacado la plaza y era interina. Y la respuesta es que efectivamente, José tiene razón.


Comencemos afirmando que la calidad se consigue aportando medios. Es evidente que si un profesor trabaja con una ratio de 15 alumnos por clase o en clases individualizadas conseguirá avances mayores y más rápidos con su alumnado que si trabaja con 30 como ocurre actualmente. La calidad se consigue con el uso de Internet en la clase mediante pizarra digital (o un simple cañón que es más barato) pues permite acceder a infinidad de materiales escolares colgados en la Red. Es decir, hay una parte de la calidad que se obtiene como resultado de la inversión en educación. Esto es evidente.


Pero el elemento central de la calidad de la enseñanza depende esencialmente de los profesores. Por muchos medios que tenga un docente, si está mal preparado y desconoce los rudimentos de su disciplina o no sabe manejarse digitalmente, todos esos medios serán dinero tirado al mar. Literalmente.


Ello nos lleva a este problema endémico y estructural de la educación española que es el sistema de selección de sus docentes. Todos nos hemos encontrado en nuestra experiencia docentes funcionarios que, como dice José, no eran capaces de explicar los rudimentos básicos de su asignatura. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que el sistema de acceso no sea capaz de garantizar (esa es la palabra, garantizar) que los encargados de transmitir la docencia sean personas preparadas y adaptadas a las nuevas tecnologías?


En nuestra humilde opinión, ello se debe a dos cosas. Comenzaremos por la menos importante para luego centrarnos en la fundamental. Un elemento que influye es la propia naturaleza del funcionario en España, que hace que una vez que una persona obtiene la plaza no necesite NECESARIAMENTE reciclarse de forma real y trabajar adecuadamente para poder mantenerse en el puesto o mejorar. La administración a lo más que ha llegado es a generar un sistema de cursos de formación (en gran parte inútiles o ineficaces) donde la gente acude de forma rutinaria y burocrática a completar horas para conseguir los sexenios. En la medida que no haya un elemento objetivo que diferencie la superioridad de unos profesores sobre otros y haga diferencias salariales claras o de otro tipo en función de esa excelencia, poco se avanzará.


Pero entremos ahora en el tema fundamental. ¿Cómo es posible que el sistema de acceso permita que personas poco cualificadas para ejercer la docencia lo superen apartando injustamente a un lado a gentes mucho mejor preparadas?


Hay varias razones que explican esto. En primer lugar, la errática política de oferta de plazas de la administración. Tradicionalmente la oferta de plazas en nuestro país se ha dado de forma pendular siguiendo las crisis cíclicas del capitalismo. Los años de crisis (cada ocho o diez) el Estado recorta presupuestos y oferta pocas plazas. Al finalizar la crisis se produce el efecto contrario y se convocan miles de plazas. A esos años con masiva oferta de plazas (miles y miles de plazas), con una escasa competitividad entre aspirantes y facilidad de examen, le han seguido largas épocas con pocas plazas, muchos aspirantes y un examen eliminatorio y más difícil. Eso conduce inevitablemente a que haya grandes diferencias entre unos docentes y otros pues mientras unos accedieron eliminando en un examen muy selectivo a muchísimos aspirantes, los otros han accedido a la plaza con grandes facilidades. Todo este desastre ha sido organizado por las distintas administraciones (aunque hay que recordar que estos procesos siempre los han encabezado y dirigido gobiernos nacionales del PSOE) con la inestimable colaboración de los sindicatos.


En el fondo de este problema han estado siempre los interinos añejos, que tras años de escasas plazas en los que ellos (obviamente) no tenían suficiente valía para aprobar hacían valer ante sindicatos y administración su posición de hecho dentro del sistema y pedían que esta fuera regularizada atendiendo a su antigüedad pero no a su capacidad. De ahí que en cada nueva ley orgánica socialista y al amparo de ellas, el gobierno socialista de turno sacase una oferta masiva con un examen sencillo (y que no fuera eliminatorio, claro) para “regularizarlos” a todos. Ni que decir tiene que junto con estos interinos, en esos años de “vacas gordas”, también entraban buenos docentes, pero con el otro sistema no podían entrar malos. Era así de simple. Y esto es lo fundamental. El sistema tiene que garantizar que los docentes conozcan realmente el temario.


Como cualquier opositor sabe, no es lo mismo aprobar pasando el filtro de un exigente examen práctico y saberse un tema extraído entre dos bolas, que saberse (sin necesidad de aprobarlo) un tema entre cuatro y presentar una programación. Ni es igual ni lo será nunca. Dicho sencillamente: con el modelo empleado entre 2008-2010 se podía tener un 95% de posibilidades de que a uno le cayera la bola con un 33% de los temas estudiados. Eso es demoledor, porque quiere decir que un gran número de opositores obtuvo su plaza sin conocer el 66% del temario.


Esto es absolutamente indignante pero no he visto a ningún indignado sindicalista manifestarse en contra. No creo tampoco (ahora que desde la Sexta nos dicen que Finlandia es el modelo a seguir) que en nórdicas latitudes se consientan estas cosas...


Esta facilidad a la hora de aprobar las oposiciones tiene unas consecuencias absolutamente nocivas para el funcionamiento del sistema educativo entre las que destacamos.


  1. No se garantiza la calidad de la enseñanza. Estos profesores no se saben el temario y tienen que prepararse las clases en cada ocasión a salto de mata. El nivel de un profesor de Lengua, por ejemplo, no puede ser el de un buen estudiante de bachillerato sino que debes estar cinco o seis estadíos por encima del alumno. Solo así hay calidad.
  2. No hay igualdad entre los docentes. Los departamentos están desequilibrados, lo que inevitablemente genera ciertas tensiones entre los profesores. Al elegir las lecturas de un curso por ejemplo se debe buscar el consenso entre personas que han leído mucho y otras que habitualmente no leen.
  3. Lo peor es que estos profesores ignorantes participan luego en la selección de nuevos aspirantes. Se da en los tribunales la situación paradójica de que los opositores sepan más que quienes tienen que evaluarlos. Como consecuencia de esto, son incapaces de garantizar la calidad de los nuevos profesores con lo que aquello acaba siendo una pescadilla que se come la cola.


Esta terrible situación es la que explica lo que dice José y es que efectivamente en la actualidad (y yo diría que siempre en España) se produzcan situaciones como las que denuncia. Es decir, que el nivel del profesorado español sea mediocre.


Porque al final demasiadas cosas han dependido de la suerte. De la suerte de haber nacido un año u otro... Quienes nacieron en los años 50 y se encontraron con 40 años y diez de interinos en 1990 entraron en el sistema con extrema facilidad. Quienes nacieron en los 60 se encontraron en 1990 con 30 años y sin experiencia y las pasaron moradas pues los años entre 1994 y 2000 fueron de escasa oferta de plazas. Igual ocurre ahora entre los nacidos a partir de 1980, que se encuentran con un verdadero muro tras dos convocatorias de ¡2000! plazas en las que entrar ha sido para muchos interinos añejos y con escaso bagaje intelectual un paseo militar más sencillo que la guerra relámpago de Hitler hacia París. Es así de triste y así de real. 

Como es un tema que no queda agotado, seguiremos hablando de él en próximas entregas en las que trataremos por un lado la historia de las oposiciones en España y cuál sería en nuestra opinión el mejor sistema posible de acceso para docencia pública.

jueves, 31 de enero de 2013

Cómo debería ser el sistema educativo (2): la calidad y la meritocracia

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Hoy tratamos un tema que ha sido y será la bandera de todos los gobiernos: la calidad de la educación. Efectivamente, resulta imposible que exista una administración educativa que no diga que persigue como objetivo fundamental del sistema su calidad. No existe ministerio ni consejería que no proclame su lucha incansable por ese objetivo irrenunciable. Y sin embargo, como todos sabemos, los índices objetivos de la calidad de nuestro sistema han ido cayendo progresivamente. Y la tendencia no parece que se esté invirtiendo en estos momentos. Así pues, convendremos en que la calidad ha sido, es y probablemente será una simple declaración de intenciones a la que nos tiene acostumbrados la casta política, palabras vacías, un brindis al sol en el que se nos trata como estúpidos.


No hay camino a ninguna parte, no hay meta final ni objetivo humano que se consiga sin unos medios materiales, un plan que demuestre su eficacia en la práctica y un sistema de evaluación que certifique de forma objetiva que el objetivo inicial se consiguió. Todo lo demás (o lo de menos, será mejor decir en este caso) es mera palabrería en el peor sentido de la palabra. En este sentido, la actitud de los políticos sobre este tema (como en tantos otros) sólo puede ser entendida desde dos puntos de vista: o nuestros políticos son muy ingenuos o nos están tomando el pelo a todos.


Lo primero será, por tanto, definir qué es la calidad educativa. Esto es opinable, desde luego. En mi opinión, un sistema educativo demuestra su calidad si cumple las siguientes funciones:


  1. Garantizar una formación mínima que facilite la inserción social de todos los ciudadanos.
  2. Garantizar una formación de calidad para quienes deseen formarse.
  3. Garantizar que las posiciones sociales más relevantes se reserven a los estudiantes mejor preparados.
  4. Garantizar la validez y prestigio social de las titulaciones expedidas por el sistema.


La cuestión, una vez acordados los objetivos de calidad del sistema, es ver cómo somos capaces de conseguir los mismos. Es decir, ¿cómo garantizamos que esos cuatro objetivos que nos hemos fijado se puedan llevar a la práctica?


En efecto, nuestra definición de calidad bascula esencialmente en torno al concepto del mérito y no de la universalidad. Este es, en nuestra opinión, lo que ha hecho que el sistema educativo se haya empobrecido tanto en las últimas décadas, para mejor decir, desde que se implantó la LOGSE. Fue precisamente esta ley la que se planteaba como objetivo la comprehensividad y la universalización de la educación secundaria. Veinte años después, podemos decir que efectivamente se han obtenido esos dos objetivos, pero a costa de la caída evidente de la calidad del sistema. ¿Cuánto vale hoy un título de Bachillerato? ¿Garantiza su posesión unos conocimientos y una formación de calidad que prepare para la universidad? Cuando vemos que en las escuelas de ingeniería y en otras facultades dan cursos de adaptación a los estudiantes de bachillerato recién ingresados ocurre como en las películas de jucios americanas. No hay más preguntas, señor juez.


La calidad se consigue por medio de la meritocracia; es decir, de un sistema que garantice que los mejores alcanzan las mejores posiciones. La meritocracia es, en la práctica,un sistema de premios y castigos, un sistema de esclusas que permita el paso de los mejores e impida el de los peores. No hay otra forma de conseguir la calidad. En realidad luchamos contra el igualitarismo, ideología nociva para el propio desarrollo social y que, bajo su apariencia progresista es, en el fondo, profundamente reaccionaria, como intentaremos demostrar a continuación.


La calidad se consigue en una clase en función del nivel medio que muestran sus alumnos. Si hay muchos alumnos en Matemáticas, por ejemplo, que tienen problemas con las fracciones, el profesor tenderá por lógica a intentar ayudar a la mayoría con lo que los alumnos que ya dominan este tema estarán siendo desatendidos. Todos hemos oído hablar de la atención a la diversidad, pero en la práctica sabemos que esto es imposible pues cuanta mayor diversidad haya en la clase más dificultoso e individualizado deberá ser el discurso del profesor y su práctica hasta hacerlos absolutamente imposibles. Este es el drama al que conduce la universalidad absoluta. La mayor prueba de que esto es así la tenemos en la LOGSE, sistema que todos hemos sufrido o sufrimos y que como sabemos, por lógica, tiende a igualar por la base, por debajo.


La diferenciación social en función de la capacidad intelectual tiene muchos y furiosos detractores. Sin embargo, en otros órdenes de la vida social, se acepta y hasta se alienta sin reparo. Por ejemplo, parece lógico que la calidad de un equipo de fútbol, de natación o de atletismo se mida por el mérito deportivo que muestren sus integrantes. Los atletas deben superar una marca objetiva para ir a los Juegos Olímpicos. También vemos lógico que un vino o un diamante obtengan su calificación de calidad diferenciándose entre muchos otros similares por su calidad superior. Si todos los vinos fueran riojas, desaparecería el rioja. En realidad, la desigualdad y la diferenciación está en la esencia de la vida humana. Nadie quiere emparejarse y casarse con cualquiera. En fin, esto me parece de una evidencia palmaria. De igual forma, cuando vamos al médico, cuando nuestra vida está en juego, queremos que este profesional sea el mejor y que los aviones en los que viajemos demuestren unos niveles de seguridad máximos. Pues bien, la mejor y más justa manera de que una sociedad produzca los mejores médicos y los mejores aviones es que exista para todos sus integrantse el derecho de acceso a estas profesiones y que se dé una dura competencia que permita distinguir a los mejores. Y es precisamente de eso de lo que se debe encargar el sistema educativo.


Y como se consigue es realizando pruebas que obliguen a los mejores a dar lo mejor de sí e impidan a los mediocres acceder a esas posiciones. Eso es la meritocracia.


Esto, volviendo al tema que dejamos antes sin concluir, es en realidad una garantía de progreso social. Si no existen esos filtros, si todos pueden ser ingenieros o médicos, ¿de qué forma se diferenciarán los mejores? Es sencillo, las empresas ya no solo pedirán el título (que todos tendrán) sino que exigirán muchos más requisitos (idiomas, etc.) o simplemente un enchufe. Y eso sí será una discriminación social porque a ese segundo filtro solo se accederá por razones sociales. Tanto tienes, tanto vales. Si ya la sociedad es desigual en su origen, hagamos un sistema educativo que premie a los mejores independientemente de su clase social. Si no lo hacemos, si el sistema deja pasar a todos, también pasan todos (y mucho más holgadamente) entre las capas altas con lo que la desigualdad no se corrige sino que se aumenta. Y además, se acaba produciendo una desmoralización entre los más humildes que acaban comprobando que su título (y por tanto, el estudio) no vale para nada.
Porque al fin y al cabo, el valor de un título, como es lógico, es inversamente proporcional al número de personas que lo obtienen.


Si se busca la calidad realmente, se trata por tanto, de invertir lo que hemos hecho en los últimos veinte años, instaurando un sistema que diferencie objetivamente a los mejores para que ellos a su vez devuelvan luego a la sociedad el esfuerzo que ésta hizo por ellos.

jueves, 17 de enero de 2013

Las interinidades y la Comunidad de Madrid

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La Comunidad de Madrid ha adoptado una importante decisión de cara a las próximas oposiciones. Consiste ésta en primar en ellas la nota obtenida en el examen por encima de la antigüedad laboral. Según reza el borrador (decreto) aprobado por el ejecutivo madrileño en las próximas oposiciones, la nota del ejercicio se valorará en 8 puntos, la antigüedad en 1 punto y la realización de cursos y otros méritos también se valorará en un punto.
En mi humilde opinión esa medida es acertada. Es más, creo que la antigüedad no debería ser tenida en cuenta como un mérito para aprobar las oposiciones.
Tradicionalmente, los sindicatos han estado a favor de blindar los derechos de los interinos equiparándolos a los de los propios funcionarios. Incluso, los tribunales españoles les han dado la razón atendiendo al criterio de igualdad y así, los interinos disfrutan de trienios y de otros beneficios como si fueran funcionarios de carrera.
Independientemente de cuáles sean las decisiones de los tribunales, a mí esto me parece un contrasentido. La propia noción de interinidad tiene que ver con la provisionalidad de su puesto con lo que bajo ningún concepto un interino puede equipararse a un funcionario. El funcionario ocupa una plaza que ha conquistado (se supone) por méritos propios. Ya sabemos que no siempre esto es así en todos los casos y de ello hablaremos en otras entradas de este blog. Pero lo que es evidente es que el funcionario ha conquistado una plaza y el interino, no. Por tanto, no puede tener los mismos derechos que un funcionario. Esto me parece tan evidente que no merece más argumentos.
A menudo, los sindicatos y algunas asociaciones de interinos aducen la experiencia como un factor decisivo en el desempeño de nuestra tarea. Eso tiene una parte de lógica, pero no es la cuestión decisiva. Dar clase no es lo mismo que coger aceitunas o algodón, dicho esto con todos los respetos para quienes se dedican a estos nobles menesteres. Incluso en actividades sin cualificar (en la agricultura o la albañilería) hay elementos que son más importantes que la experiencia o la antigüedad al ocupar un puesto.
De hecho, deberíamos comenzar por diferenciar experiencia de antigüedad. La antigüedad es el número de cursos que alguien lleva dando clase. Eso es cuantificable Sin embargo, la experiencia no siempre se corresponde con la antigüedad. Es decir, hay personas que son capaces de extraer lecciones de la experiencia en mucho menos tiempo que otras. Luego la experiencia es un elemento que tiene que ver con la capacidad de análisis y la inteligencia de cada persona.
Así mismo, los años de interinidad que se aducen como mérito podrían desde otro punto de vista (y según en qué casos) interpretarse como un demérito. Pensemos en un profesor que entró como interino, por ejemplo en 1996 y que desde entonces hasta ahora (casi veinte años después) ha sido incapaz (después de convocatorias masivas y muy favorables como las de los años 2008 y 2010) de obtener la plaza. ¿Es eso un mérito? Peor sería que el interino en cuestión hubiese accedido al sistema de interinidades con anterioridad a 1990 pues como sabemos de 1990 a 1993 hubo otro coladero por el que se “regularizó” la situación de miles de interinos con una simple encerrona. Quienes vivimos (sufrimos será mejor decir) aquello sabemos de qué estamos hablando. Concluiremos entonces que lo que se aduce como un mérito es, en muchas ocasiones, un demérito.
Por otro lado, lo más importante de un profesor es el dominio de los conocimientos que tiene que enseñar y su capacidad para hacérselos comprender a los alumnos. Y eso tiene que ver con su inteligencia, su memoria y su capacidad de expresión oral y escrita. Todas estas capacidades son medibles en una oposición que sea digna de tal nombre. Porque independientemente de que en la actualidad dispongamos de pizarras digitales, libros de textos, internet, etc, al final, el alumno necesitará una explicación, sea esta en gran grupo o individualizada y quien no tenga esto, aunque lleve en las aulas años y años no debe estar por delante de quienes demuestren esos conocimientos y esa capacidad de exposición oral. Esto me parece tan evidente que tampoco merece más argumentación.
Por tanto, parece lógico que, como ha hecho la comunidad madrileña, sean la capacidad (la nota en la oposición) lo que dictamine el acceso al cuerpo y no los años de antigüedad como interino.
El sistema educativo ha de ser por naturaleza meritocrático. Los mejores deben ser quienes ocupen los mejores puestos. Cuando vamos a un médico, esperamos que sea el mejor y no su antigüedad en el Insalud. Es más, siguiendo el mismo paralelismo, todos sabemos que por norma general los médicos que accedieron a su especialidad por el sistema MIR, vigente desde 1978, son mejores y están más cualificados que los anteriores, que se especializaban de forma burocrática. El sistema de acceso que está proyectando el Gobierno debería caminar hacia un sistema absolutamente meritocrático y objetivo parecido al de los médicos, donde la subjetividad y el enchufismo estén absolutamente desterrados por ser imposibles. Eso es lo mejor para la sociedad, para nuestros alumnos y para los profesores dignos de tal nombre.

jueves, 10 de enero de 2013

Nuestro sistema (I): Un sistema educativo público.


En nuestra opinión el sistema educativo debe ser público. El Estado debe garantizar el derecho de los jóvenes a formarse para convertirse en ciudadanos. Este sistema público garantiza la igualdad de oportunidades permitiendo la imprescindible permeabilidad social de forma que alumnos de las capas humildes puedan, mediante su talento y esfuerzo, alcanzar posiciones sociales más elevadas. Esto no es sólo un deseo más o menos filantrópico, sino que consideramos que esto es un bien social pues permitirá que los mejores, y no los más pudientes, puedan alcanzar posiciones decisivas en la sociedad contribuyendo así a la mejora del propio sistema.


Si la educación fuera privada y no existieran centros públicos, la sociedad estaría delegando una de las funciones sociales más importantes, decisiva como sabemos, en entidades religiosas, políticas o económicas cuya finalidad central no es solamente la formación aséptica de ciudadanos de pleno derecho, sino la formación moral desde sus valores religiosos o políticos propios cuando no el puro beneficio económico.


En este sentido, creemos que el derecho a la educación debe ser sostenido y ejercido básicamente por el Estado de la misma forma que es el Ejército y las fuerzas de seguridad del Estado y no las empresas privadas de seguridad quienes tienen la obligación de velar por la defensa e integridad de la nación y sus ciudadanos.


Por otro lado, el Estado debe velar por la educación pública de forma que todo español conozca y domine en su caso una serie de destrezas, competencias y conocimientos que le permitan ser un individuo de provecho y colaborar en la empresa social común.


Finalmente, la educación pública sirve para garantizar efectivamente la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos de España. Es decir, en nuestra concepción, que iremos desarrollando en sucesivas entregas, la educación pública debe ser igual en todos los centros del Estado independientemente de la autonomía o barrio en el que estos se ubiquen. Ni las diferencias sociales ni los proyectos separatistas deben limitar el derecho inalienable a la igualdad de todos los ciudadanos de una nación; en este caso de los españoles.


Esto no quiere decir que se prohíba el derecho de quienes así lo deseen a crear, mantener o educarse en centros privados orientados por principio religiosos y/o morales de diferente tipo; sino que el Estado debe centrar su esfuerzo básicamente en el sostenimiento de una red de enseñanza pública de calidad para todos.


Por tanto, en nuestra opinión, los centros privados deben existir si así lo desean libremente quienes los creen y sufraguen, pero no ser sostenidos con fondos públicos. El dinero de los contribuyentes debe ser dirigido por la sociedad hacia el sostenimiento de los centros públicos única y exclusivamente.


A esto podremos oponer, por lógica, la situación actual de España, donde como sabemos, desde tiempos inmemoriales, instituciones privadas de todo tipo (fundamentalmente religiosas pero también de carácter liberal como la ILE y los centros que de alguna manera han desarrollado su herencia) han creado y ofertado a la sociedad centros educativos privados. Es un error en este sentido centrar la mira en la Iglesia católica. También, aunque en menor medida, desde posiciones laicas y liberales, cuando no abiertamente izquierdistas, se han creado colegios privados. Ante esta gran cantidad de alumnos que acuden a la privada, ¿cómo afectaría esta medida al sistema?


Ante esto hay que contestar varias cuestiones.


En primer lugar, que lo que estamos planteando es un proyecto ideal de sistema educativo. En sucesivas entregas se darán casos similares y también intentaremos explicar que es lo que consideramos correcto de forma ideal para luego acercarnos con propuestas reales a ese deseo ideal.


En segundo lugar, conviene recordar que en España ya hay hoy una red sólida de centros privados que se sostienen única y exclusivamente con las aportaciones de sus clientes. Luego lo que planteamos no es algo desconocido. Planteamos, eso sí, el fin de los conciertos.


Efectivamente, esto supondría una gran pérdida de alumnos cuyos padres no podrían o no querrían costear las cuotas que, sin oxígeno público, aumentarían de forma decisiva pues recordemos que es el Estado quien paga a esos profesores. Eso conllevaría a su vez el despido de miles de profesores. Esto debería ser tratado (como ocurrió en el pasado) con medidas que favoreciesen su incorporación a la enseñanza pública en el concurso-oposición.


Pero tendría enormes ventajas para los centros públicos pues estos recibirían a decenas de alumnos que sí quieren estudiar y que esperan del sistema educativo sea una palanca para su progreso social. La huida de alumnos al sistema concertado no ha sido consecuencia de su mayor calidad educativa sino la forma más sencilla y barata que han encontrado los padres de evitar que sus hijos tuviesen que compartir aula y costumbres con alumnos de comportamiento antisocial. La incapacidad del Estado para garantizar la disciplina y el orden en las clases es quien ha determinado la huida de estos alumnos. Así pues, una vez producida esta reabsorción de alumnos sería función del Estado velar porque ese derecho a la educación se produjera de forma efectiva. Esto quiere decir que es preciso hablar de disciplina. Y a eso consagraremos nuestra pŕoxima entrada.

¿Cómo debería ser el sistema educativo?


Como sabemos, en las dos últimas décadas España cambió de forma radical su sistema educativo. Se pasó del sistema del BUP y la FP al sistema LOGSE. Esta reforma sigue en vigor en sus elementos esenciales a pesar de los sucesivos cambios legislativos (más o menos cosméticos) que los sucesivos gobiernos del PSOE o el PP le han dado. Lo cierto es que las líneas generales de la reforma han seguido estables a pesar de los vaivenes políticos. Así, el sistema de conciertos con los centros privados, la división en dos etapas a partir de los doce años, la escolarización obligatoria hasta los 16 años, la posibilidad de que las autonomías concreten sus currículos, la optatividad y, sobre todo, la comprehensividad y la promoción por imperativo legal con las consecuencias que esta ha tenido, siguen siendo los puntales del sistema.
Lo cierto es que, a pesar de que se dice que han cambiado mucho las leyes, la realidad es que esto es aplicable fundamentalmente a los currículos. En los aspectos de organización de las enseñanzas, de disciplina o de las cosas se han mantenido bastante estables.


Esos elementos no han cambiado en los últimos veinte años y creemos que varias de estas cuestiones deberían ser revisadas a fondo y no de forma parcial. Se trata por tanto de plantear una enmienda a la totalidad que muestre cuál es nuestro sistema educativo actual.


Lógicamente, este es un tema global que va a conllevar la elaboración de una serie de artículos que iremos intercalando en el blog entre otros monográficos dedicados a otros temas.


Hecho este preámbulo, pasamos a plantear ya hoy algunas ideas básicas del que sería nuestro sistema educativo: